Aunque el período 1973–1982 está marcado por la exploración, se caracteriza por la escasa atracción de inversión minera hacia Chile. A pesar que en 1974 se dicta el Decreto Ley 600 sobre Inversión Extranjera, contrato ley que garantiza la invariabilidad en las reglas que regulan el ingreso de capitales extranjeros a Chile, el clima de incertidumbre jurídica e inestabilidad político–institucional desalentó la llegada de nuevos proyectos mineros, que requieren de escenarios largos de maduración. En este contexto, la crisis económica de 1981–82 activó en las autoridades de la época la necesidad de legislar para permitir una mayor apertura de la economía.
La Ley Orgánica Constitucional (LOC) de Concesiones Mineras estableció garantías de propiedad a los poseedores de las mismas e innovó en un punto fundamental: trasladó al Poder Judicial la resolución de los casos en que el Estado podía expropiar las pertenencias (mediatización del concepto de bien común) y, a su vez, facultó a los Tribunales de Justicia para conocer de manera exclusiva y excluyente si en la explotación del recurso se cumple o no con el interés público que la Constitución mandata.
La dictación de este estatuto jurídico no sólo respondió a necesidades económicas. Su orientación dice relación con un cambio de mentalidad respecto de la percepción del rol de la minería en el país y las orientaciones que determinarán esta industria en Chile. El criterio imperante, previo a la dictación de la LOC de Concesiones Mineras, respondía a la necesidad de proceder a una explotación acelerada del cobre, al que se le consideraba en riesgo de sustitución u obsolescencia por efecto del desarrollo tecnológico.
Por otra parte las autoridades de la época deciden desechar la posibilidad de llevar adelante una política de control de precios de mercado, iniciada con la renuncia de Chile a la desaparecida Comisión Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre (CIPEC), al tiempo que aumentaban la producción de cobre.
La Ley Orgánica Constitucional (LOC) de Concesiones Mineras estableció garantías de propiedad a los poseedores de las mismas e innovó en un punto fundamental: trasladó al Poder Judicial la resolución de los casos en que el Estado podía expropiar las pertenencias.
Este marco coincide con una de las mayores recesiones económicas mundiales, que en Chile tuvo consecuencias severas, marcando un retroceso que no se revertirá hasta la segunda mitad de la década de los 80’. A partir de 1985, en las condiciones de un itinerario institucional de transición diseñado hasta 1989, de condiciones jurídico–económicas creadas en la década de los 70 y de la nueva visión sobre la minería que se instala en el país, se crean condiciones de recuperación de la actividad minera, que van a demorar casi un lustro en dar sus primeros frutos. El despliegue de la minería va a coincidir, finalmente, con el retorno a la democracia.
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Durante la década de 1990 a 2000, el sector minero mostró un dinamismo sin precedentes, resultado de una abundante inversión extranjera. El flujo de capitales mineros llegó a nuestro país gracias a la riqueza de su subsuelo y a su estabilidad política, social y económica. Las condiciones jurídico–institucionales ya existían a partir de 1974, pero serán el marco de estabilidad democrática y la amplia base de consensos políticos las que garantizarán este despegue.
La minería ha sido protagonista de la senda de crecimiento alto y sostenido que tuvo la economía chilena en la última década. Pese al freno tras la crisis asiática de 1997, el sector ha sostenido un crecimiento anual promedio en la producción de cobre entre 1998 y el año 2002 cercano al 6%, cifra muy superior al 3% de crecimiento anual del PIB nacional. De este modo, a pesar de los precios relativamente bajos de nuestros más importantes recursos metálicos, la participación de la minería en el PIB nacional aumentó de un 8% en 1997 a un 10% en el 2000.
Desde la promulgación del Estatuto de Inversión Extranjera hasta el año 2002 se han autorizado inversiones por US$ 86.695 millones14. De esta cifra US$ 37.635 millones corresponden a inversiones autorizadas para el sector minero, es decir, un 43% del total.
Los gastos estimados en exploración en Chile, en los últimos 10 años han oscilado entre 73 y 245 millones de dólares anuales, con un promedio anual para la década de 150 millones de dólares.
A su vez, el auge de la exploración permitió incrementar las reservas de cobre conocidas, lo que se refleja en el crecimiento de la superficie concesionada para la explotación minera, que subió desde 4 a 8,4 millones de hectáreas en el período señalado.
Otro factor básico para atraer inversiones a la minería chilena fue la calidad de sus recursos humanos. Nuestra gente, especialmente en el Norte, posee una sólida cultura y tradición minera y una creciente formación técnica en nuevas tecnologías, acentuada en la última década, a las cuales las empresas dedicaron importantes recursos en la capacitación de sus trabajadores.
La disposición en términos privilegiados de un bien estratégico, en condiciones de ser explotado por una adecuada infraestructura vial, energética y de comunicaciones –porcentaje sustantivo producto de la propia actividad minera–, una política económica responsable y expansiva, estabilidad democrática y el marco jurídico–institucional, juegan como atributos relevantes para impulsar el desarrollo de los negocios mineros en Chile.
El resultado es un boom económico y minero sin precedentes, y que marcará en el imaginario de Chile otra gran oportunidad histórica de desarrollo del país.
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La inversión minera materializada entre 1990 y 2002 más de US$ 18.000 millones, que representa la proporción mayor del total de la inversión extranjera en el país.
La participación de las exportaciones de cobre en relación al total de envíos de Chile sigue siendo la más importante de nuestra economía. Las exportaciones de cobre son cercanas a los US$ 7 mil millones. En la ampliación y diversificación de otros productos de exportación, que refuerzan –como se aprecia en el Gráfico 5– la capacidad de inserción internacional de la economía chilena, es fundamental el rol de la minería como base de desarrollo de otras industrias exportadoras, por creación de infraestructura, retorno de divisas, balanza comercial, economías de escala.
La participación de las exportaciones de cobre en relación al total de envíos de Chile sigue siendo la más importante de nuestra economía.
La base de esa capacidad exportadora de cobre de Chile está dada por la fuerte inversión en la exploración, que en los últimos 10 años –como se indicó– superó los US$ 1.500 millones. Ello ha derivado en que las reservas de cobre conocidas aumenten en Chile desde 97 millones de toneladas métricas (TM) en 1985 a 370 millones de TM al año 2000, lo que revela la confianza y visión de futuro de los inversionistas. Su efecto sobre el potencial productivo de Chile es enorme, creando –en definitiva– un poder exportador para el país de proyecciones de largo plazo, que no existiría sin esas inversiones.
Desde 1990 Chile ha triplicado su producción de cobre, llegando a aproximadamente 4,6 millones TM anuales. Esto ha significado que en estos últimos 12 años Chile aumente desde aproximadamente un 16% de su participación en la producción mundial de cobre a un 30% el año 2002.
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